Así nos ven allá afuera
El Gobierno de Nicolás Maduro está bajo observación: durante su breve gestión ya es objeto de debate en diversos escenarios internacionales desde Europa hasta Latinoamérica. Por Oscar Medina
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EL UNIVERSAL
domingo 8 de marzo de 2015 12:00 AM
Por supuesto que esa dura crítica no iba a ser bien recibida. El 18 de diciembre de 2014 el Parlamento Europeo emitió una resolución "sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela" con abundancia de "considerandos" incómodos centrados en las acciones del Gobierno ante las manifestaciones que se desataron a partir de febrero, pero también describiendo el cuadro de problemas económicos, desabastecimiento e inseguridad del país. La respuesta de la Cancillería fue señalar que ocuparse de lo que sucedía en Venezuela era una especie de trapo rojo.
"Para el Gobierno Bolivariano resulta preocupante que el Parlamento Europeo así como la Alta Representante de la UE, desvíen la atención de la grave crisis económica que afecta a los países miembros de la Unión Europea, producto de recortes en materia social y la consecuente pobreza estructural a la que están sometidos sus Pueblos, y centren sus esfuerzos en desacreditar los logros de la Revolución Bolivariana", dijo el comunicado oficial.
El Parlamento planteaba asuntos como estos: "Manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de la situación en Venezuela y condena el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición; insta a la liberación inmediata de las personas encarceladas arbitrariamente, de acuerdo con las solicitudes realizadas por diversos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales". Y estos: "Recuerda al Gobierno de Venezuela su responsabilidad a la hora de velar por que todos los juicios se desarrollen conforme a las normas internacionales; reitera que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren los cargos infundados y las órdenes de detención contra políticos de la oposición, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas".
En las consideraciones previas los eurodiputados se ocuparon de destacar los casos de detenidos por motivos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Vincenzo Scarano y Salvatore Lucchese y de estudiantes detenidos como -en ese entonces- Sairam Rivas.
El 25 de febrero de este año el país volvió a ser tema de discusión en una plenaria del Parlamento Europeo, activada esta vez por la detención del Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y el asesinato del joven Kliubert Roa. El español Luis de Grandes, del Partido Popular Europeo, la justificó así: "La razón de pedir este debate es clara. En diciembre ya aprobamos una resolución con amplísimo apoyo reclamando el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela. No han pasado ni tres meses y la situación no solo no mejora, sino que es excepcional. Nuevos encarcelamientos, persecución de la oposición y riesgo de involución. Nuestra petición de debate está más que justificada, sobre todo cuando ayer mismo murió un niño de 14 años en las calles víctima del enfrentamiento".
Las reseñas de esa jornada indican que la mayoría de los parlamentarios abogaron por la liberación del alcalde Ledezma y expresaron preocupación por la posibilidad de nuevos episodios de violencia y hasta temores por una eventual suspensión de las elecciones de la Asamblea Nacional. Christos Stylianides, comisario del servicio de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, consideró como inaceptable el encarcelamiento de Ledezma y pidió al presidente Maduro que "haga todos los esfuerzos necesarios para demostrar que prioriza el respeto a los principios democráticos". Y añadió: "el contexto de encarcelamiento de los distintos opositores y la restricción de sus derechos es algo deplorable".
Hubo, claro, discrepancias y posiciones encontradas. Las palabras de Javier Couso, de Izquierda Unida -quien aseguró que el proceso contra Ledezma fue a toda regla-, sintetizan la otra cara de la discusión: "Pese a que el Gobierno de Venezuela ha ganado elecciones auditadas internacionalmente, hemos asistido al intento de la derecha más extrema de derrocar por medio de la violencia a los gobiernos legítimos". En este debate de febrero, lo mismo que en el anterior, la representación de Pablo Iglesias (Podemos) se abstuvo de participar.
En marzo la plenaria se reunirá nuevamente en Estrasburgo y en la agenda está la aprobación de una nueva resolución sobre Venezuela: esto debería servir como indicador de las señales negativas que el Gobierno de Maduro está enviando al mundo en tan poco tiempo de gestión.
De lejos, de cerca
El jueves 5 de marzo se sumó otra voz al coro de advertencias. Es una voz conocida, porque ya antes había expresado sus preocupaciones: el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó el informe anual de su despacho al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que Venezuela forma parte de la lista "países preocupantes por el contexto de reducción del espacio democrático", junto a Arabia Saudí, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Tailandia y Turquía.
"Sigo muy preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente las duras respuestas del Gobierno a las críticas y a expresiones pacíficas de discrepancia", apuntó durante la presentación en la que también afirmó: "Estoy especialmente preocupado por la continua detención de líderes de la oposición y de manifestantes, a menudo por largos periodos".
El otro gran foro internacional, la Organización de Estados Americanos, también ha emitido opinión a través de su secretario general José Miguel Insulza: "Es necesario un diálogo en Venezuela, porque la situación económica y social es muy crítica", dijo en una entrevista concedida al diario El Mercurio y publicada el 16 de febrero. Ya antes, a propósito de la visita a Caracas de los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México), Insulza declaró respecto al trato recibido por los visitantes: "Yo les digo a los expresidentes bienvenidos al club de los insultados por un Presidente de Venezuela. Parece ser que cualquiera que dice algo que afecte a Venezuela debería ser condenado y eso me parece una idiotez".
Pastrana no se limitó a su viaje y al intento de entrevistarse con Leopoldo López. El martes de 3 marzo fue a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas de protección para los encarcelados López, Ledezma y Ceballos y también para los dirigentes opositores Julio Borges, María Corina Machado y Henrique Capriles.
Ya la CIDH había manifestado de forma oficial su "profunda preocupación" por la situación del Estado de Derecho en Venezuela. Luego de un año sin pronunciamientos públicos al respecto, emitió un comunicado en el que solicitó juicio en libertad para López, Ledezma y Ceballos, aunque advirtió una "presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos".
Exhortó además a resolver las diferencias con la oposición en un marco pacífico y apegado al respeto de los derechos y exigió: "La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno".
De la vecindad
El 20 de febrero el presidente Maduro aseguró que existe un complot internacional en marcha: "La derecha de Madrid, la ultraderecha de Bogotá y de Miami, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria". La tesis, por supuesto, funciona para sus países aliados, especialmente para los miembros de la Unasur.
"Estamos dispuestos a viajar a Venezuela las veces que sean necesarias para colaborar con las autoridades revolucionarias del Gobierno electo por los venezolanos y coadyuvar a frenar lo que efectivamente se presenta como un nuevo intento de golpe de Estado", dijo el canciller ecuatoriano Eduardo Patiño el 27 de febrero durante un acto de solidaridad organizado en Quito.
En esa misma ocasión la jefa de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que el alcalde Ledezma había sido detenido por "participar una vez más en una conspiración para derrocar por medios violentos al Gobierno".
Un grupo de diputados peruanos asumió otra actitud ante la situación: la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Lourdes Alcorta, y otros 27 parlamentarios, sus cribieron un documento en el que rechazan la represión contra los manifestantes opositores en Venezuela y condenan lo sucedido con Antonio Ledezma. La Cancillería de Perú, por su parte, apeló a un tono conciliador: el 25 de febrero emitió un comunicado en el que lamenta el asesinato del joven estudiante tachirense: "es un hecho muy lamentable que nos debe llevar a redoblar nuestros esfuerzos de colaboración para prevenir los actos de violencia que enfrentan a los propios hermanos venezolanos". Y solicitó al mismo tiempo una misión de Unasur para propiciar el diálogo.
Ana Jara, jefa del gabinete ministerial de Perú, alzó un poco más la voz: "hago votos por que finalmente se restablezca la paz social que debe haber en Venezuela y que haya libertad para los opositores al régimen del señor Maduro. No es una buena señal que todo aquel que levante una bandera de crítica hacia su gestión termine tras las rejas".
El mismo 25, un grupo de diputados brasileños lograron que se aprobara en el parlamento una moción de repudio contra Venezuela por "quebrar el principio democrático, con ofensa a las libertades individuales y al debido proceso legal". Y se está evaluando la posible salida del Mercosur como consecuencia del rompimiento del compromiso democrático en Venezuela.
"Para el Gobierno Bolivariano resulta preocupante que el Parlamento Europeo así como la Alta Representante de la UE, desvíen la atención de la grave crisis económica que afecta a los países miembros de la Unión Europea, producto de recortes en materia social y la consecuente pobreza estructural a la que están sometidos sus Pueblos, y centren sus esfuerzos en desacreditar los logros de la Revolución Bolivariana", dijo el comunicado oficial.
El Parlamento planteaba asuntos como estos: "Manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento de la situación en Venezuela y condena el encarcelamiento de manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes de la oposición; insta a la liberación inmediata de las personas encarceladas arbitrariamente, de acuerdo con las solicitudes realizadas por diversos organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales". Y estos: "Recuerda al Gobierno de Venezuela su responsabilidad a la hora de velar por que todos los juicios se desarrollen conforme a las normas internacionales; reitera que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado por las autoridades como medio de persecución política y de represión de la oposición democrática; pide a las autoridades venezolanas que retiren los cargos infundados y las órdenes de detención contra políticos de la oposición, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas".
En las consideraciones previas los eurodiputados se ocuparon de destacar los casos de detenidos por motivos políticos como Leopoldo López, Daniel Ceballos, Vincenzo Scarano y Salvatore Lucchese y de estudiantes detenidos como -en ese entonces- Sairam Rivas.
El 25 de febrero de este año el país volvió a ser tema de discusión en una plenaria del Parlamento Europeo, activada esta vez por la detención del Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma y el asesinato del joven Kliubert Roa. El español Luis de Grandes, del Partido Popular Europeo, la justificó así: "La razón de pedir este debate es clara. En diciembre ya aprobamos una resolución con amplísimo apoyo reclamando el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela. No han pasado ni tres meses y la situación no solo no mejora, sino que es excepcional. Nuevos encarcelamientos, persecución de la oposición y riesgo de involución. Nuestra petición de debate está más que justificada, sobre todo cuando ayer mismo murió un niño de 14 años en las calles víctima del enfrentamiento".
Las reseñas de esa jornada indican que la mayoría de los parlamentarios abogaron por la liberación del alcalde Ledezma y expresaron preocupación por la posibilidad de nuevos episodios de violencia y hasta temores por una eventual suspensión de las elecciones de la Asamblea Nacional. Christos Stylianides, comisario del servicio de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, consideró como inaceptable el encarcelamiento de Ledezma y pidió al presidente Maduro que "haga todos los esfuerzos necesarios para demostrar que prioriza el respeto a los principios democráticos". Y añadió: "el contexto de encarcelamiento de los distintos opositores y la restricción de sus derechos es algo deplorable".
Hubo, claro, discrepancias y posiciones encontradas. Las palabras de Javier Couso, de Izquierda Unida -quien aseguró que el proceso contra Ledezma fue a toda regla-, sintetizan la otra cara de la discusión: "Pese a que el Gobierno de Venezuela ha ganado elecciones auditadas internacionalmente, hemos asistido al intento de la derecha más extrema de derrocar por medio de la violencia a los gobiernos legítimos". En este debate de febrero, lo mismo que en el anterior, la representación de Pablo Iglesias (Podemos) se abstuvo de participar.
En marzo la plenaria se reunirá nuevamente en Estrasburgo y en la agenda está la aprobación de una nueva resolución sobre Venezuela: esto debería servir como indicador de las señales negativas que el Gobierno de Maduro está enviando al mundo en tan poco tiempo de gestión.
De lejos, de cerca
El jueves 5 de marzo se sumó otra voz al coro de advertencias. Es una voz conocida, porque ya antes había expresado sus preocupaciones: el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, presentó el informe anual de su despacho al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que Venezuela forma parte de la lista "países preocupantes por el contexto de reducción del espacio democrático", junto a Arabia Saudí, China, Egipto, Myanmar, Rusia, Tailandia y Turquía.
"Sigo muy preocupado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela, particularmente las duras respuestas del Gobierno a las críticas y a expresiones pacíficas de discrepancia", apuntó durante la presentación en la que también afirmó: "Estoy especialmente preocupado por la continua detención de líderes de la oposición y de manifestantes, a menudo por largos periodos".
El otro gran foro internacional, la Organización de Estados Americanos, también ha emitido opinión a través de su secretario general José Miguel Insulza: "Es necesario un diálogo en Venezuela, porque la situación económica y social es muy crítica", dijo en una entrevista concedida al diario El Mercurio y publicada el 16 de febrero. Ya antes, a propósito de la visita a Caracas de los ex presidentes Andrés Pastrana (Colombia), Sebastián Piñera (Chile) y Felipe Calderón (México), Insulza declaró respecto al trato recibido por los visitantes: "Yo les digo a los expresidentes bienvenidos al club de los insultados por un Presidente de Venezuela. Parece ser que cualquiera que dice algo que afecte a Venezuela debería ser condenado y eso me parece una idiotez".
Pastrana no se limitó a su viaje y al intento de entrevistarse con Leopoldo López. El martes de 3 marzo fue a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar medidas de protección para los encarcelados López, Ledezma y Ceballos y también para los dirigentes opositores Julio Borges, María Corina Machado y Henrique Capriles.
Ya la CIDH había manifestado de forma oficial su "profunda preocupación" por la situación del Estado de Derecho en Venezuela. Luego de un año sin pronunciamientos públicos al respecto, emitió un comunicado en el que solicitó juicio en libertad para López, Ledezma y Ceballos, aunque advirtió una "presunta ausencia de garantías para asegurar un debido proceso en las investigaciones y juicios seguidos".
Exhortó además a resolver las diferencias con la oposición en un marco pacífico y apegado al respeto de los derechos y exigió: "La Comisión urge al Estado a no criminalizar a los líderes políticos de la oposición y a garantizar la participación de todos los sectores en la vida política de Venezuela y los derechos humanos de quienes se identifican con la oposición al gobierno".
De la vecindad
El 20 de febrero el presidente Maduro aseguró que existe un complot internacional en marcha: "La derecha de Madrid, la ultraderecha de Bogotá y de Miami, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria". La tesis, por supuesto, funciona para sus países aliados, especialmente para los miembros de la Unasur.
"Estamos dispuestos a viajar a Venezuela las veces que sean necesarias para colaborar con las autoridades revolucionarias del Gobierno electo por los venezolanos y coadyuvar a frenar lo que efectivamente se presenta como un nuevo intento de golpe de Estado", dijo el canciller ecuatoriano Eduardo Patiño el 27 de febrero durante un acto de solidaridad organizado en Quito.
En esa misma ocasión la jefa de la Asamblea Nacional ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, aseguró que el alcalde Ledezma había sido detenido por "participar una vez más en una conspiración para derrocar por medios violentos al Gobierno".
Un grupo de diputados peruanos asumió otra actitud ante la situación: la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Lourdes Alcorta, y otros 27 parlamentarios, sus cribieron un documento en el que rechazan la represión contra los manifestantes opositores en Venezuela y condenan lo sucedido con Antonio Ledezma. La Cancillería de Perú, por su parte, apeló a un tono conciliador: el 25 de febrero emitió un comunicado en el que lamenta el asesinato del joven estudiante tachirense: "es un hecho muy lamentable que nos debe llevar a redoblar nuestros esfuerzos de colaboración para prevenir los actos de violencia que enfrentan a los propios hermanos venezolanos". Y solicitó al mismo tiempo una misión de Unasur para propiciar el diálogo.
Ana Jara, jefa del gabinete ministerial de Perú, alzó un poco más la voz: "hago votos por que finalmente se restablezca la paz social que debe haber en Venezuela y que haya libertad para los opositores al régimen del señor Maduro. No es una buena señal que todo aquel que levante una bandera de crítica hacia su gestión termine tras las rejas".
El mismo 25, un grupo de diputados brasileños lograron que se aprobara en el parlamento una moción de repudio contra Venezuela por "quebrar el principio democrático, con ofensa a las libertades individuales y al debido proceso legal". Y se está evaluando la posible salida del Mercosur como consecuencia del rompimiento del compromiso democrático en Venezuela.
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