Derecho a la Salud: Reconocer la crisis no basta, es urgente avanzar en una solución
En febrero de 2013 el Presidente de la República Nicolás Maduro, reconoció la crisis que atraviesa el servicio nacional público de salud. En dicha ocasión el primer mandatario nacional ordenó la “intervención” del Hospital de Coche y de otros centros hospitalarios del país. Diez meses después el 12.12.13 volvió a reconocer la grave situación al afirmar que los hospitales del país eran una “vergüenza”. Pese a ello, durante todo 2013 la crisis persistió.
Ese año Provea registró un incremento de 84% -con respecto al período anterior- en el número de situaciones de impedimentos para la prestación servicios de salud pública al recibir 1976 denuncias. Se redujo el número de vacunaciones y aumentó la cifra de enfermos por parásitos y vectores, continuó el estancamiento de la mortalidad materno-infantil, se agudizaron las interrupciones en la entrega de tratamientos a personas en condición crónica de salud y miles de pacientes sometidos a tratamientos de radioterapia sufrieron las consecuencias de la negligencia del Estado venezolano, ya que no se tomaron las medidas necesarias para evitar la paralización de los equipos para suministrar los respectivos tratamientos, debido a que el Ministerio para la Salud no renovó oportunamente los contratos de mantenimiento de los mismos.
Los retrocesos y estancamientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, gratuidad y calidad de la atención prestada, afectan el derecho a la salud y el derecho a la vida de las y los venezolanos
En nuestro Informe Anual Enero-Diciembre 2013, advertimos sobre los importantes niveles de retroceso del derecho a la salud en Venezuela debido a las condiciones generalizadas de deterioro en que se encuentran la mayoría de los establecimientos de salud pública en el país. También, expresamos nuestra preocupación ante las acentuadas limitaciones para acceder a servicios de salud que padece una inmensa cantidad de venezolanos, quienes incluso, ven comprometidas sus vidas e integridad física ante las serias deficiencias del servicio nacional público de salud.
En marzo de 2014 el Presidente Maduro aprobó 81 millones de bolívares para ser destinados a 24 centros de salud públicos entre ellos el Hospital Clínico Universitario, el Hospital J.M. de los Ríos, Hospital El Algodonal, Oncológico Luis Razetti, Materno Infantil El Valle, Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo y Hospital Pérez de León. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de estos centros de salud atraviesan importantes deficiencias en cuanto a su infraestructura y dotación de equipos e insumos médicos.
A las condiciones de deterioro denunciadas durante 2013 y reiteradas en 2014, se suma un escenario de escasez de medicinas e insuficiencia de insumos en los centros médicos que según cifras de la Federación Farmacéutica Venezolana y la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines, alcanza un índice de 60% en el caso de las medicinas y 85% en el caso de los insumos médicos. En este sentido, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Francisco Armada, reconoció el pasado 18.08.2014 que existen fallas en la distribución de medicamentos y en la asignación de divisas al sector.
El Estado reconoce la existencia de la crisis, pero no avanza en su solución.
En 2013 diversas organizaciones sociales dirigieron una comunicación a la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, exhortándola a cumplir el mandato que le imponen los artículos 280 y 281 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); para que actuase ante la grave crisis en el sistema público de salud y la indolencia del gobierno para dar respuesta. En abril de 2014, una solicitud similar fue consignada ante el Despacho de la Defensora por pacientes y organizaciones sociales –entre ellas Provea- agrupadas en la Alianza Social por la Salud, requiriendo nuevamente su intervención.
La Defensoría del Pueblo dio parcialmente respuesta a la solicitud de las organizaciones y se comprometió a iniciar una serie de visitas y recorridos a distintos hospitales y al Banco de Sangre del Municipio Libertador de Caracas, trazando conjuntamente con las organizaciones un cronograma de visitas a los centros hospitalarios, y asumiendo además el compromiso de hacer las gestiones necesarias para coordinar un proceso de diálogo y encuentros entre las organizaciones sociales y los representantes de la Contraloría General de la República, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con la finalidad de abordar la problemática referida al acceso a medicamentos y la disponibilidad de insumos médicos, tomando como referencia los propios informes de la Contraloría General de la República.
Lamentablemente este proceso de acercamiento y entendimiento entre las organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo fue interrumpido por la propia institución. Lamentamos aún más que en una reciente declaración, la Defensora Gabriela Ramírez, haya desestimado las solicitudes formuladas por diversos sectores en torno a la necesidad de declarar en emergencia a la salud en el país, y que esta institución siga incumpliendo su deber constitucional dándole la espalda a los sectores más pobres de la población que son los usuarios frecuentes de los servicios públicos.
Los funcionarios del Estado venezolano con la obligación de dar respuesta han reconocido la existencia de la crisis en el sector salud. Sin embargo, la ausencia de medidas efectivas, adecuadas y sostenibles para solventar las constantes fallas y las deficiencias en la prestación del servicio tiene como consecuencia la profundización de la crisis, generando que la población sea privada de tratamientos y servicios de atención esenciales. Los retrocesos y estancamientos en materia de disponibilidad, accesibilidad, gratuidad y calidad de la atención prestada, afectan el derecho a la salud y el derecho a la vida de las y los venezolanos.
Asimismo, la crisis económica y las dificultades en materia de asignación de divisas que atraviesa el país no eximen al Estado de su obligación de adoptar medidas que garanticen el disfrute del derecho a la salud. La crisis económica no puede traducirse en una crisis de derechos humanos.
Provea insiste en que para superar los graves problemas de la salud en el país, es necesario que el Ejecutivo Nacional abra el diálogo con todos los sectores involucrados para trabajar en la solución de los problemas de infraestructura, dotación médica-quirúrgica, suficiencia de equipos, seguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos, deudas, homologaciones del personal, salarios y contratación colectiva. No basta con reconocer la crisis, se requieren medidas urgentes y sostenibles para revertir la situación de “vergüenza” de nuestro actual sistema público de salud y evitar se continúen perdiendo vidas por ausencia de atención adecuada y oportuna. (Prensa Provea, 28.08.2014)
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